Fue restituida al Chaco joven aborigen obligada a prostituirse en Santa Cruz
Acompañada por una funcionaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos, anoche regresó al Chaco la joven de Juan J. Castelli que había sido obligada a ejercer la prostitución en Santa Cruz, y que fue rescatada gracias a un operativo conjunto entre las autoridades judiciales y ejecutivas de ambas provincias. El gobernador Capitanich, con quien se reunió esta mañana, valoró su coraje y ratificó el compromiso de la actual gestión de luchar contra las redes de prostitución que operan en esta zona del país.
O.G., aborigen de 23 años, había viajado a Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a instancias de una conocida que regularmente volvía a Castelli y reclutaba chicas "para trabajar en una whiskería". En realidad se trataba de un prostíbulo llamado "La Casita", ubicado en una suerte de "zona roja" de la capital patagónica.
Tras un fugaz paso por el hospital local para la confección de la libreta sanitaria, siempre acompañada "por una señora que hacía todos los trámites", O.G. fue despojada de su documento y teléfono y encerrada en una habitación de la que sólo podía salir durante la noche, cuando empezaba su 'horario de trabajo'. "La señora hacía las compras y nos dejaba una bolsita con mercaderías para que nos cocinemos; después salía y volvía a cerrar con llave", reveló a los funcionarios.
Pese a la promesa de los administradores del lugar de pagarle "80 pesos por cliente y 10 más por cada copa que tomaran", O.G. sabía que estaba siendo retenida ilegalmente, y desde el principio buscó la manera de huir. Unos días después aprovechó un descuido de los guardias, encontró su celular y con el crédito que le quedaba le mandó un mensaje de texto a la hermana, en Castelli, contándole lo que estaba pasando.
Alertada por los familiares, la Dra. Rosalía Niz, a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Nº1 de Castelli, envió por fax un exhorto al fiscal de Instrucción de Río Gallegos, Andrés Vivanco, y horas más tarde el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº1 de esa localidad, Santiago Losada, ordenó el allanamiento de "La Casita".
"Cuando llegaron las autoridades judiciales y la policía, O.G. fue la única que admitió estar en el lugar contra su voluntad, ya que incluso le habían dicho que la única manera de salir era pagando 500 pesos", relató Carlos Martínez, subsecretario de Derechos Humanos del Chaco.
En cuanto la joven fue puesta a disposición de la Justicia e instalada en un alojamiento provisorio, el Secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, Alberto Maruco, se contactó con Martínez, quien más tarde destacó la celeridad de todo el proceso y el compromiso de las autoridades intervinientes, ya que se trataba de una situación que no ameritaba dilaciones: "la Ministra (de Desarrollo Social y Derechos Humanos) Cristina Magnano, tomó la decisión política de liberar inmediatamente los recursos para recuperar a la víctima. Posteriormente y ante la denuncia de amenazas sufridas por la familia de O.G., el subsecretario de Seguridad del Ministerio de Gobierno, Patricio Fiorito, puso en marcha un operativo de protección que continúa hasta ahora".
En el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno del Chaco, el gobernador Capitanich escuchó atentamente el relato de los acontecimientos y luego destacó "la valentía y el coraje" de la joven, cuya expresión todavía reflejaba el pavor del calvario que había vivido durante una semana interminable. También ratificó su compromiso de combatir a las "bandas que operan en nuestra provincia reclutando jóvenes para ser sometidas a diversas formas de explotación", y de avanzar en la instrumentación del convenio firmado hace 60 días entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y la RATT (Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes), que tiene por objetivo formar una 'trama de compromisos' interinstitucionales para garantizar la protección integral de las víctimas de este flagelo.
Finalmente Martínez reconoció que con la restitución al Chaco de O.G. se ha logrado "un pequeño triunfo sobre estas bandas, pero hay que admitir que su origen y operatividad siguen en pie, así que es necesario crear consciencia en la sociedad para erradicarlas (...) En este caso la acción coordinada y eficaz entre dos Estados federados de la Argentina logró recuperar a una joven, pero el compromiso verdadero es desarticular por completo estas organizaciones delictivas".