[genero-salud-ddhh] BOLETÍN Nº18 AÑO 2009 UNFPA - ARGENTINA

[Observatorio]

EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE AUMENTO DE EMBARAZOS ADOLESCENTES EN AMÉRICA LATINA

Especialistas evaluaron logros y desafíos a 15 años de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo.

8 de octubre 2009. En América Latina la tasa de embarazo adolescente es una
de las más altas en todo el mundo, sólo por debajo de la de África
subsahariana. Por ello la maternidad adolescente “preocupa y nos llama a la
acción urgente”, señalaron los expertos reunidos en Santiago de Chile en el
seminario regional Avances y acciones clave para la implementación del
Programa de Acción de El Cairo, a 15 años de su aprobación.

Especialistas de todo el continente y representantes de organismos
internacionales entregaron hoy al final del encuentro una serie de
recomendaciones para lograr la efectiva implementación del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD),
acordado en El Cairo en 1994.

El seminario es una iniciativa conjunta de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y del UNFPA, Fondo de Población de las
Naciones Unidas.

Si bien la tasa global de fecundidad bajó de 5,9 hijos en 1950-55 a 2,4 en
el presente quinquenio, las adolescentes prácticamente han duplicado su
aporte a la fecundidad total, pasando de un 8,5% en 1950-55 a un 14,3% en
2000-2005.

Los estudios muestran que la información y la educación para una toma de
decisiones responsable por parte de los y las jóvenes continúan siendo
insuficientes, así como el acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva.

El embarazo adolescente es a la vez causa y producto de las desigualdades
económicas, étnicas, generacionales y de género. La mayoría de las madres
adolescentes sufren exclusión social y sus hijos e hijas tienen altas
probabilidades de continuar inmersos en la misma dinámica, dificultando la
reducción de la pobreza.

“La desigualdad sigue siendo un obstáculo mayor para alcanzar las metas del
Plan de Acción de El Cairo así como de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y hay que enfrentarla”, señaló Mari Simonen, Directora Ejecutiva
Adjunta del UNFPA.

Por su parte, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, dijo que el
embarazo adolescente es sólo uno de los múltiples desafíos que enfrentan los
jóvenes en América Latina, especialmente las mujeres. Hay 105 millones de
jóvenes en la región. “Es indispensable aumentar la inversión en los
jóvenes, sobre todo en las áreas de salud sexual y reproductiva, educación y
empleo”, sugirió.

Además de la desigualdad y la fecundidad adolescente, los expertos
advirtieron sobre un tercer desafío: la mortalidad materna. Consideraron
inaceptable que aún persista en los países de la región la mortalidad
materna por causas prevenibles. “Necesitamos acción inmediata para salvar la
vida de las mujeres”, señalaron. “La igualdad de género está en la base del
logro de la salud materna”.

En sus recomendaciones, los expertos indicaron que uno de los principales
desafíos de América Latina y el Caribe para los próximos años será innovar
en las políticas y programas que ayuden a reducir la desigualdad
socioeconómica, de género, generacional y étnica.

Para descargar los principales documentos del seminario regional seguir este
enlace<http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/celade/noticias/paginas/3/36383/P36383.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom.xslt>
.

Para consultas, contactar a los Servicios de Información de la CEPAL.
Correo electrónico: dpisantiago en cepal.org ; teléfonos: (56 2) 210 2380/2149;
o a Trygve Olfarnes, del UNFPA, olfarnes en unfpa.org , tel: +507 6400-6653.

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Extracto del “Informe de América Latina sobre los progresos y las
perspectivas de la implementación del Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el
Desarrollo”<http://www.eclac.cl/celade/agenda/5/37065/Inf_preliminarCIPD+15AL.pdf>

INFORME DE AMÉRICA LATINA SOBRE LOS PROGRESOS Y LAS PERSPECTIVAS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO 1994-2009
Santiago, Octubre de 2009

“En América Latina y el Caribe, la difusión de información y el acceso a la
salud sexual y reproductiva entre los jóvenes continúa siendo insuficiente y
muestra marcadas diferencias por sectores sociales” (CEPAL/CELADE-UNFPA,
2009).
La fecundidad adolescente latinoamericana no muestra una tendencia tan
sistemática a la baja como en otras regiones del mundo, y no ha disminuido
al ritmo de la fecundidad adulta (UNFPA, 2007c). La concentración de la
reproducción en la adolescencia es una característica peculiar de la región,
y la mayoría de los embarazos no son planeados.
La mayoría de las madres adolescentes se encuentra en una situación de
exclusión y marginación, y sus hijos o hijas tienen altas probabilidades de
continuar inmersos en esta dinámica, perpetuando así la transmisión
intergeneracional de la pobreza y la exclusión. Es importante destacar que
la prevención de los embarazos no deseados por sí sola podría evitar
aproximadamente una cuarta parte de las muertes maternas, incluyendo
aquellas ocasionadas por abortos clandestinos (Naciones Unidas, 2007b).
"6. *La salud de la mujer y la maternidad sin riesgo*
La mortalidad materna permanece inaceptablemente alta en la mayoría de los
países de la región, y de hecho el logro del quinto ODM, que busca reducir
las muertes maternas y asegurar el acceso universal a la salud reproductiva,
es el que presenta menores avances, según lo confirma el informe regional de
2008 sobre los ODM (CEPAL, 2008). Para establecer tendencias sobre los
progresos de este objetivo y esta meta es preciso utilizar con cautela el
indicador de la mortalidad materna, puesto que hay diversos factores que
afectan su confiabilidad, sobre todo por la deficiente detección y registro
de esta causa de muerte. En efecto, el subregistro es alto, porque la sufren
sobre todo las mujeres pobres y de poblaciones vulnerables, discriminadas
por su condición étnico-racial o por situaciones como el aborto, que en la
mayoría de los países de América Latina y el Caribe se oculta debido a que
es ilegal (Bergsj, 2001).
       Si bien la mortalidad materna se redujo en el período 1997-2005, se
observa un virtual estancamiento del número absoluto de muertes maternas que
es motivo de preocupación y evidencia la necesidad de adoptar medidas
adicionales. La atención prenatal y del parto permiten identificar
situaciones y países que requieren mejoras sustanciales, aunque también se
observan otros con una importante proporción de partos institucionalizados
no acompañada de la disminución de la mortalidad materna, ya que esta
también depende de la efectividad y calidad de los servicios de salud y de
otros determinantes sociales. Las mujeres pobres de la región ponen su vida
y su salud en riesgo cuando dan a luz. Se observa con preocupación la
situación que viven países como Haití, Guyana, el Estado Plurinacional de
Bolivia, Guatemala, Honduras, el Perú y el Ecuador, donde la tasa de
mortalidad materna se sitúa aún por sobre las 200 muertes por cada 100.000
nacidos vivos, según las estimaciones de las Naciones Unidas. En el caso de
Haití la cifra alcanza a 670. Se trata de un cuadro muy desfavorable con
respecto a las regiones desarrolladas, cuyas tasas de mortalidad materna no
superan las 10 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Por último, cabe
mencionar que existen nueve países en los que la tasa de mortalidad ha
aumentado desde 1990, demostrando importantes deficiencias en las políticas
focalizadas en la salud sexual y reproductiva (CEPAL/CELADE-UNFPA, 2009).
       Este escenario de la mortalidad materna regional supone un desafío
que interpela la intensidad de las políticas puestas en práctica y exige
redoblar los esfuerzos para mejorar en este campo, prioritario desde el
punto de vista de los derechos. Es muy importante recalcar que para la
región el tema prioritario en materia de salud maternal es el mejoramiento
de la calidad de los servicios de salud, en particular los servicios
obstétricos de emergencia. Además, como ya se dijo en el análisis de las
mejoras de los sistemas de información, es clave el perfeccionamiento de las
estadísticas vitales y el monitoreo de la información generada en el sistema
de salud.
       Vista la vinculación entre la mortalidad materna y la atención
recibida durante el parto, es posible inferir que persisten importantes
desigualdades en la salud materna por grupos sociales, pues al interior de
los países se constatan marcadas diferencias en la atención profesional que
reciben las mujeres. Al observar el porcentaje de partos asistidos por
personal calificado se observan marcadas diferencias para los distintos
sectores sociales: “Las madres de zonas rurales, las de instrucción baja y
las indígenas tienen en la mayoría de los países coberturas incluso menores
al 40%. Es razonable pensar que estas inequidades también persisten frente a
la mortalidad materna” (CEPAL/CELADE-UNFPA, 2009). Se deben intensificar los
esfuerzos para hacer desaparecer estas brechas inaceptables.
       Las acciones en este sentido han sido numerosas. En la Argentina, por
ejemplo, la estructura de las causas de muertes maternas se ha mantenido
invariable en los pasados 15 años, con las complicaciones derivadas del
aborto como principal razón, a lo que hay que agregar que la proporción de
muertes maternas por aborto (24%) representa más del doble de la estimación
de la OMS para toda la región. Para enfrentar esta situación, el Plan
Federal de Salud 2004-2007 definió a la salud materna, la salud sexual y la
procreación responsable como sus áreas prioritarias. En octubre de 2004 se
firmó el Compromiso para la Reducción de la Mortalidad Materna en la
Argentina, en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne a
las máximas autoridades sanitarias nacionales y provinciales. Desde el año
2006 el Ministerio de Salud lleva adelante el Programa de Mejoramiento de la
Atención Posaborto, cuyo objetivo es reducir la morbimortalidad atribuible a
los abortos inseguros y prevenir la recurrencia de un embarazo no deseado,
mediante tecnologías beneficiosas y costoefectivas y un abordaje preventivo
centrado en la mujer. Se incorpora la aspiración manual endouterina (AMEU)
como una alternativa al legrado tradicional que pueden elegir los
profesionales de la salud. La Guía de Mejoramiento de la Atención Posaborto,
elaborada por el Ministerio de Salud —aprobada por resolución ministerial No
989/2005—, protocoliza este modelo para su aplicación en los servicios de
salud.
       En Colombia, el Ministerio de la Protección Social (antes Ministerio
de Salud) estableció desde 2004 la estrategia denominada Plan de choque para
la reducción de la mortalidad materna, para reforzar los derechos de las
mujeres, con especial énfasis en sus derechos sexuales y reproductivos y en
el derecho a la vida. La reducción de la mortalidad materna se ha
establecido como prioridad de salud pública, y en la Política Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva (2003) se la identificó como un tema clave en la
promoción de la maternidad segura. Entre sus metas se encuentran disminuir
en un 50% la tasa de mortalidad materna evitable, mejorar la cobertura y la
calidad de la atención institucional de la gestación, el parto y el
puerperio y sus complicaciones, y fortalecer las acciones de vigilancia,
prevención y atención de la mortalidad materna y perinatal.
       En el marco del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la
Mortalidad Materna y Perinatal 2009-2015, el Ministerio de Salud del Perú ha
fortalecido y ampliado la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS),
disminuyendo la barrera económica que restringe el acceso de las gestantes a
la atención prenatal, del parto y del puerperio. El presupuesto asignado por
el SIS para la atención materna se ha ido incrementando progresivamente. Las
gestantes atendidas en 2004 fueron 339.943, y en 2008 se atendieron 355.560
partos.
       La Estrategia de la Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y de
la Niñez para el período 2008-2015 (RAMNI), de Honduras, busca reducir la
mortalidad materna a 45 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos —60 por
mil a 2010— como promedio nacional, a la vez que espera poder llevar la
mortalidad infantil a 15 muertes por cada mil nacidos vivos, la mortalidad
neonatal a 7 por mil nacidos vivos, siempre como promedio nacional. A un año
del lanzamiento de la estrategia RAMNI se han iniciado las primeras
mediciones de los indicadores y estándares previstos. Los resultados están
en proceso de ser revisados y tabulados por la Unidad de Planificación de la
Gestión (UPEG) de la Secretaría de Salud.
               El Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida,
implementado en México, procura brindar información y servicios de salud de
calidad para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un
puerperio sin complicaciones a todas las mujeres mexicanas, así como
igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo a todos los niños,
desde antes de su nacimiento y hasta los dos primeros años de vida. Se
destaca la estrategia denominada Madrinas Obstétricas, que busca aprovechar
la infraestructura del Programa de Desarrollo Social Oportunidades para el
apoyo médico y social de la mujer embarazada.
Asimismo, desde 2008 se brinda soporte financiero a través del Seguro
Popular para la Estrategia Embarazo Saludable, que afilia de manera
automática a toda mujer embarazada que carezca de algún tipo de seguridad
social, garantizando con ello su atención médica durante el embarazo, el
parto y el puerperio. Gracias a estas acciones continúa el descenso de la
mortalidad materna, habiéndose logrado una reducción de 3,2 puntos
porcentuales a partir de 2006 y de 3 puntos en 2007, la segunda disminución
más importante en los últimos cinco años. La razón de la mortalidad materna
para 2007 se calculó en 148,6 defunciones por cada 10 mil nacidos vivos,
estimada en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano (IDH),
y para 2008 disminuyó por lo menos 10 puntos porcentuales con respecto al
año anterior. La tasa de mortalidad infantil en los 100 municipios con menor
IDH fue de 32,5 defunciones por cada mil nacidos vivos en 2007, y hasta
junio de 2008 se había reducido a 28.
       Para la prevención de la mortalidad materna en el Estado
Plurinacional de Bolivia entró en vigencia en 2003 la Ley No 2426 del Seguro
Universal Materno Infantil (SUMI), de carácter universal, integral y
gratuito, a través del cual se atiende la salud de la madre y de las mujeres
gestantes a través de prestaciones en los tres niveles de atención. Este
seguro otorga prestaciones a las mujeres embarazadas desde el inicio de la
gestación hasta los 6 meses posteriores al parto, y a los niños desde su
nacimiento hasta los 5 años de edad.
      El diagnóstico realizado en el Paraguay en 2002 para la creación de la
estrategia nacional de reducción de la pobreza y la desigualdad registró una
tasa de mortalidad infantil de 40 defunciones por cada mil nacidos vivos y
una de mortalidad materna de 187 por mil. La mortalidad infantil se
relaciona directamente con la condición socioeconómica de las familias,
mientras que la materna está vinculada con la calidad de la atención en
salud, ya que sus principales causas son los abortos, las hemorragias y las
toxemias. El Ministerio de Salud y Bienestar Social ha implementado una
política de salud con un enfoque sistémico, acorde a las diferentes etapas
del ciclo de vida de las personas. Es bajo este concepto que se creó el Plan
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que se implementará entre 2009 y
2013. La estrategia para la disminución de la mortalidad materna se ha
basado en cuatro pilares básicos: la planificación familiar, la atención
prenatal oportuna de calidad, la atención calificada del parto y la garantía
de los cuidados posteriores tanto para la madre como para el hijo. Estos
programas son aplicados principalmente por la Comisión Nacional de
Vigilancia Epidemiológica de la Salud y de la Morbimortalidad Materna y
Neonatal, mediante los comités constituidos a distintos niveles, ya sea por
región sanitaria, distrital y otros más locales. Asimismo, se creó el Plan
Nacional de Salud Integral de la Niñez, que tiene por objetivo mejorar la
salud y la calidad de vida de la niñez paraguaya, generando programas y
proyectos que promuevan el crecimiento y el desarrollo, especialmente en la
primera infancia.
       El descenso de la mortalidad infantil y materna está entre los logros
de Chile, país que ha desarrollado una política de Estado en Promoción de
Salud orientada a lograr estilos de vida y ambientes más saludables. En 1998
se creó el Consejo Nacional para la Promoción de la Salud Vida Chile, de
carácter intersectorial y presidido por la Ministra de Salud.
7. *El aborto inseguro *
El PA-CIPD considera el aborto en condiciones de riesgo como un importante
problema de salud públicae insta a incrementar el compromiso con la salud de
las mujeres, a ocuparse de los impactos que el aborto inseguro tiene sobre
la salud y a reducir el recurso a él mediante la prestación de más amplios y
mejores servicios de planificación familiar, asignando máxima prioridad a la
prevención de los embarazos no deseados. El programa de acción reafirma que
en aquellos casos en los que el aborto no sea contrario a la ley deberá
realizarse en condiciones de seguridad, y que en todos los casos las mujeres
deberán tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones
derivadas de la práctica de abortos y recibir servicios inmediatos de
asesoramiento post-aborto, educación y planificación familiar, que ayudarán
también a evitar su repetición.
       En América Latina y el Caribe se llevan a cabo aproximadamente 4
millones de abortos en condiciones de riesgo al año. La tasa de aborto entre
las mujeres sudamericanas de 15 a 44 años es de 33 por cada mil embarazadas,
siendo la más alta de todas las regiones del mundo en desarrollo y diez
veces mayor que la de los países desarrollados. Según la OMS la proporción
de muertes maternas que resulta de abortos inseguros en la región supera la
de Asia y África (Barroso y Langer, 2007). En estos últimos años, Colombia
(2006) y México (2007) han modificado su legislación sobre la terminación
del embarazo y expandieron significativamente las causales para el aborto
legal. Otro grupo de países, entre ellos el Brasil, el Uruguay, la Argentina
y el Perú, han desarrollado normas y protocolos para asegurar el acceso al
aborto seguro en los casos estipulados por la ley.
       Sin embargo, en otros países se han experimentado retrocesos en esta
materia, como ocurrió con la modificación del Código Penal de Nicaragua en
2006, que penaliza el aborto terapéutico, en contra de las recomendaciones
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW), el Consejo de Derechos Humanos, el Comité contra la
Tortura de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, o la aprobación del artículo 30 para la Reforma Constitucional
en la República Dominicana durante 2009, que podría tener como consecuencia
la prohibición del aborto en todas las circunstancias. La prohibición total
del aborto, vigente en El Salvador, Chile, Honduras, Nicaragua y
posiblemente la República Dominicana, es un rasgo peculiar de
    América Latina, ya que en todos los países del resto del mundo se
permite al menos el aborto terapéutico referido a la preservación de la vida
o la salud de la mujer.

*SENSIBILIDAD CULTURAL EN LA ACCIÓN PARA MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA*
Una acción destacable es el Proyecto de Bialfabetización Quechua Castellano
en Temas de Salud Reproductiva con Enfoques de Equidad de Género e
Interculturalidad, que llevaron adelante el Ministerio de Educación y
Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia y el UNFPA entre 1998 y 2007 en
municipios de tres departamentos con población predominantemente rural y
quechua.
     El analfabetismo crea en las personas desventajas sociales, que se
reflejan en una baja autoestima, una débil o nula participación en los
niveles de decisión y el desconocimiento de sus derechos. La alfabetización
bilingüe ha permitido desarrollar procesos educativos en temas como los
derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de
género y el ejercicio de la ciudadanía. A través del proyecto se ha
capacitado a 390 coordinadores pedagógicos y 5.468 facilitadores, y se ha
logrado alfabetizar en su lengua materna y en castellano a 127.052 personas
quechuas (99.872 mujeres y 27.180 hombres).
       Asimismo, se ha desarrollado una estrategia intersectorial de
coordinación entre los servicios de salud y los centros de bialfabetización,
acercando los servicios a la comunidad para ofrecer prestaciones integrales
con énfasis en la salud reproductiva, en el marco del SUMI (Seguro Universal
Materno Infantil). Los registros efectuados entre 2005 y 2007 han mostrado
resultados que sobrepasan las expectativas fijadas inicialmente, ya que el
86% de las embarazadas participantes en los centros de alfabetización
bilingüe acudió al control prenatal.

*POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS*
América Latina ha registrado avances significativos en las legislaciones
nacionales referidas a la salud de los pueblos indígenas, sobre todo en los
últimos cinco años. De 16 países examinados, 13 tienen algún tipo de
normativa específica sobre salud y pueblos (o poblaciones) indígenas: la
Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, el Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, el Perú y la
República Bolivariana de Venezuela (CEPAL, 2007c). Este hecho responde,
principalmente, a las demandas y reivindicaciones en salud que han realizado
los pueblos indígenas respecto a la accesibilidad, la equidad, la
oportunidad y la integralidad de las prestaciones, con pertinencia cultural.
Sin embargo, esta legislación aún es insuficiente para el real ejercicio de
los derechos en salud de los pueblos indígenas y se observa una amplia gama
de situaciones, que van desde el reconocimiento del derecho a la salud como
bien individual, mencionando a las poblaciones indígenas como grupos
prioritarios, hasta una legislación que reconoce y promueve los derechos
colectivos —medicinas tradicionales, participación y autonomía—.
       La mayoría de los ministerios de salud de los Estados regionales
tiene alguna instancia a cargo de la salud de los pueblos indígenas (14 de
los 16 países examinados; las excepciones son El Salvador y el Paraguay).
Los rangos son variados, y ello repercute en los alcances de sus acciones.
Se observan desde programas de salud indígena sin rango institucional —pero
que permean al resto de los programas ministeriales (en la Argentina y
Honduras)— hasta un Viceministerio de Medicina Tradicional e
Interculturalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, creado en 2006,
cuyo propósito es la revalorización de la medicina tradicional y el fomento
de los programas de salud intercultural. En el Ecuador, México y la
República Bolivariana de Venezuela existen direcciones nacionales de salud
indígena que incluyen la medicina tradicional; similar nivel tiene la
secretaría técnica en Panamá; en el Brasil y Chile hay departamentos o
unidades a cargo de la salud indígena (CEPAL, 2007c). Uno de los principales
problemas que enfrentan estas instituciones es la inestabilidad derivada de
los cambios de régimen político, lo que dependerá en buena parte de la
naturaleza jurídica que la sustenta —decisión ejecutiva, parlamentaria,
resolución del poder judicial o decisión de la administración pública—.
       También se registran avances en materia de políticas y programas de
salud de los pueblos indígenas, las que han ocurrido en el plano del
mejoramiento del acceso y la adecuación de los servicios a las realidades
culturales de los pueblos. En 13 de los 14 países encuestados por la CEPAL
(2007c) existe una oferta específica de programas de salud para, de y con
los pueblos indígenas, los que pueden agruparse en dos grandes categorías:
i) programas especiales, es decir, “especialmente” diseñados para los
pueblos indígenas, y ii) programas también dirigidos especialmente a los
pueblos indígenas pero insertos en líneas estratégicas o en áreas
programáticas habituales de los servicios de salud, como la atención
primaria, la salud sexual y reproductiva, las enfermedades infecciosas, la
nutrición, el saneamiento básico, entre otras. En particular, en el área de
la salud sexual y de los derechos reproductivos existen programas en el
Ecuador y Panamá, países que han implementado acciones específicas,
combinando un enfoque de género e intercultural en pro de los derechos de la
mujer. En Panamá se desarrollan dos programas en esta materia, que incluyen
metas de reducción de la mortalidad materna y la tasa de aborto, la
mortalidad infantil y el embarazo en las adolescentes (CEPAL, 2007c). No
obstante, en el ámbito de los programas sanitarios regulares Panamá es el
único país de la región con una oferta específica para los pueblos indígenas
en el campo de las enfermedades infecciosas, principalmente el VIH y sida,
la tuberculosis y la malaria.
       De acuerdo a un balance general se registran significativos avances
en el nivel de los servicios, pero sin muchos logros respecto al derecho a
la salud de los pueblos indígenas en su concepción integral, que incluye la
medicina tradicional y la protección de los ecosistemas que la sustentan
(CEPAL, 2007c). Asimismo, la participación de los pueblos indígenas en los
procesos ha sido limitada y permanece como uno de los desafíos centrales
para construir una política pública que los considere sujetos de derechos
colectivo.
       En el plano del mejoramiento de las condiciones objetivas de salud y
la disminución de las inequidades poco puede decirse, dado que por una parte
no existen sistemas de información y diagnósticos que permitan el
seguimiento y la evaluación de las acciones y, por la otra, la
implementación de las políticas de salud de los pueblos indígenas es un
fenómeno reciente. La ausencia de información respecto de la magnitud de los
recursos destinados a estas políticas y programas es también notable. No
existen datos actualizados sobre los montos de los recursos orientados
específicamente a la población indígena, su grado de continuidad y sus
incrementos, ya que no es posible distinguirlos del total de los recursos
asignados a los programas de salud (CEPAL, 2007c).
       La existencia de un estándar mínimo de derechos individuales y
colectivos en el ámbito de la salud implica avanzar en la promoción, la
protección y la garantía de los siguientes derechos: el nivel más alto de
salud física y mental, mediante un acceso sin discriminación, adecuado y de
calidad; la salud integral indígena, que incluye el uso, el fortalecimiento
y el control de la medicina tradicional y la protección de sus territorios
como espacios vitales; la participación en el diseño, la implementación, la
gestión, la administración y la evaluación de las políticas y programas de
salud, con énfasis en la autonomía de los recursos (CEPAL, 2007c). Sin duda,
la implementación de este estándar plantea grandes retos en la construcción
de las políticas de este siglo, ya que para los Estados supone una
reformulación profunda, que va desde los marcos conceptuales hasta la
definición de metas y acciones en salud, y para las organizaciones y pueblos
indígenas significa avanzar efectivamente en el ejercicio y la defensa de su
derecho a la salud.