[genero-salud-ddhh] E0 Deudas y Desafíos del Estado frente a la Trata de Personas_ Subsecretaria de Derechos Humanos Chaco

[marcelo salgado]

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Fecha: 28 de septiembre de 2009 00:32
Asunto: E0 Deudas y Desafíos del Estado frente a la Trata de Personas
Subsecretaria de Derechos Humanos Chaco
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Deudas y Desafíos del Estado frente a la Trata dePersonas
Por: Marcelo Salgado Subsecretario de Derechos Humanos del Chaco

Marcelo Salgado - Profesor - Subsecretario de Derechos Humanos - Gobierno
del Chaco.
21:06El 23 de septiembre de 1913 fue promulgada la ley 9.143, autoría del
diputado nacional Alfredo Palacios, que es considerada como la primera norma
legal destinada a prevenir y castigar la trata y explotación sexual
infantil, tipificándola como un delito penal. 86 años después, en enero de
1999, en Bangladesh, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el
Tráfico de Personas instauró el 23 de septiembre como Día Internacional
Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, en
reconocimiento del día de la promulgación de esa ley argentina.

Un año después, en la ciudad de Palermo, Italia, la Convención contra la
Delincuencia
Organizada Transnacional desarrolló dos instrumentos normativos para
prevenir el tráfico de seres humanos: el Protocolo contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y el Protocolo para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Nuestro
país, a través de la ley 25.632, adhirió tanto a la Convención como a sus
protocolos, y en abril de 2008, con la sanción de la Ley 26.364, de
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas,
hizo un nuevo avance en la materia.

 El Chaco, por su parte y a partir de la sanción de ley 6.189, cuenta con un
instrumento normativo propio para abordar esta problemática, pero es
necesario reconocer que la ley en sí misma, a nivel nacional y provincial,
si no es acompañada por políticas públicas decididas, no es otra cosa que un
texto lleno de buenas intenciones.

 Los miles de mujeres, niñas y niños que sufren explotación sexual o
laboral, no son víctimas de delincuentes aislados sino de grandes redes
criminales: según informes del Fondo de Población de Naciones Unidas, por
año 2 millones de niñas son introducidas en el comercio sexual y 4 millones
de mujeres son vendidas con fines de prostitución, esclavitud o matrimonio,
lo que genera ganancias de 12 mil millones de dólares en el mismo período.
En otras palabras, se trata del segundo negocio ilegal a escala global,
después del tráfico de drogas y por encima del tráfico de armas y, como se
comprenderá, muchas veces los tres negocios son sólo variantes
“diversificadas” de las mismas organizaciones criminales.

Y a pesar de ser el segundo negocio ilegal más grande y redituable del
planeta, resulta casi invisible a los ojos del conjunto de la sociedad. A
título de ejemplo, las denuncias en todo el país por este tipo de delitos
apenas superan las 600.

 *HACER VISIBLE ESTE FLAGELO*
Las organizaciones criminales llevan años de experiencia y ventajas frente
al accionar del Estado y los gobiernos. Muchas veces, por no decir
“necesariamente”, con la complicidad de funcionarios judiciales y
policiales, cuando no con protección política, como lo demuestran aquellos
pocos casos donde son desbaratadas estas organizaciones criminales.

 Ante la ausencia o la complicidad del Estado, en la lucha por denunciar,
recuperar, asistir o proteger a las víctimas de estos delitos, las
organizaciones de la sociedad civil se hicieron cargo de las tareas
necesarias para enfrentarlos, y desde esas experiencias y prácticas hicieron
visible este flagelo e influyeron para que se concretaran políticas públicas
para su abordaje.

 *LAS DEUDAS DEL ESTADO*
Acaso la principal deuda del Estado sea la valoración que hace de esta
problemática a la hora de diseñar e implementar políticas públicas
destinadas a prevenir y sancionar estos delitos, como así también la falta
de recursos para asistir a las víctimas. La mayoría de las veces, ante la
carencia de recursos económicos, no se contemplan presupuestariamente los
fondos mínimos para desplegar las políticas públicas básicas, y otras veces
la complicidad de los funcionarios que son corrompidos por las mafias,
frenan las acciones legales con argucias burocráticas.
 Otra de las carencias es la falta de formación y capacitación de los
recursos humanos destinados a trabajar en la temática: ello también implica
invertir recursos que hoy ni siquiera son presupuestados. Ni hablar de los
que hacen falta para implementar campañas de prevención e información
destinada a hacer visible las características y modalidades de este delito.

 A pesar de las limitaciones y carencias, quienes hoy tenemos
responsabilidades institucionales debemos contagiarnos y aprender del
trabajo de las numerosas organizaciones no gubernamentales, los movimientos
sociales y las miles de personas que día a día aportan su granito de arena
para enfrentar este flagelo, e insistir, con creatividad y firmeza, en que
esta problemática sea incluida en la agenda de políticas públicas también en
nuestra provincia.

 Una víctima de trata es una persona que casi siempre vive dentro de un
núcleo familiar que no tiene acceso a las condiciones mínimas de
subsistencia, a la salud, a la educación, a un hábitat decente y sufre
cotidianamente de distintas violencias. Desde el Estado será necesario,
entonces, alentar y fortalecer la articulación con las organizaciones que
desarrollan las redes sociales, y establecer mecanismos de articulación con
las distintas áreas del propio Estado para asistir a las víctimas y exigir
el cumplimiento de la legislación vigente.

 Es el desafío y el compromiso que tenemos, sociedad civil y Estado, para
enfrentar este terrible flagelo.
 * Profesor - Subsecretario de Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia
del Chaco


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